LOS CAMBIOS EN LA LEY DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA TRAS LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY N.º 14.230/2021
DOI:
https://doi.org/10.51891/rease.v12i11.32463Palabras clave:
Improbidad administrativa, Administración Pública, ResponsabilizaciónResumen
La improbidad administrativa constituye un importante instrumento de protección del patrimonio público, de la moralidad administrativa y de los principios que orientan la actuación estatal. En este contexto, la Ley n.º 14.230/2021 introdujo modificaciones significativas en la Ley n.º 8.429/1992, alterando criterios de responsabilidad y aspectos procesales relacionados con los actos de improbidad administrativa. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los principales cambios introducidos por dicha legislación. Desde el punto de vista metodológico, se llevó a cabo una investigación bibliográfica y documental, de enfoque cualitativo y carácter descriptivo, basada en el análisis de la legislación pertinente, obras doctrinales, artículos científicos y decisiones de los tribunales superiores. Los resultados demostraron que la reforma estableció la exigencia de dolo para la configuración de los actos de improbidad, delimitó las conductas previstas por la ley e introdujo cambios en las sanciones, los procedimientos y los plazos de prescripción. Asimismo, se constató que el criterio establecido por el Supremo Tribunal Federal en el Tema 1.199 contribuyó a aclarar aspectos relativos a la aplicación temporal de las nuevas disposiciones. También se observó que el fallo de las ADI (Acciones Directas de Inconstitucionalidad) n.º 7.156 y n.º 7.236, concluido en julio de 2026, mantuvo la exigencia de dolo y el listado taxativo del artículo 11, pero declaró la inconstitucionalidad —total o parcial— de preceptos relativos a la prescripción, la indisponibilidad de bienes, la pérdida de la función pública y la prohibición de la responsabilidad solidaria en el resarcimiento. Se concluye que la Ley n.º 14.230/2021 buscó dotar de mayor seguridad jurídica y precisión al régimen de responsabilidad por improbidad administrativa; no obstante, su aplicación requiere una interpretación cuidadosa para evitar tanto sanciones indebidas como la impunidad.
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