Clasificación penal de las apuestas ilegales en Brasil y el impacto de la Ley N° 14.790/2023

Resumen

Este artículo analiza la clasificación penal de las apuestas ilegales en Brasil y las repercusiones de la promulgación de la Ley N° 14.790/2023, que estableció un nuevo marco regulatorio para las apuestas de cuotas fijas en el país. El crecimiento exponencial del mercado de apuestas deportivas, especialmente en plataformas digitales e internacionales, ha planteado nuevos desafíos legales al Estado brasileño, particularmente en lo que respecta a la distinción entre actividades legales y prácticas clandestinas. En este contexto, la investigación busca comprender cómo el sistema legal brasileño clasifica penalmente las apuestas ilegales y cómo la nueva legislación contribuye a la represión, prevención y vigilancia de estas conductas. La metodología empleada se basa en una revisión cualitativa de la literatura, analizando la legislación brasileña vigente, la doctrina jurídica nacional, la jurisprudencia de los tribunales superiores y artículos científicos publicados entre 2020 y 2025. El estudio examinó disposiciones de la Constitución Federal de 1988, el Código Penal, la Ley de Delitos Penales (Decreto-Ley n.º 3.688/1941), la Ley n.º 13.756/2018 y la propia Ley n.º 14.790/2023, así como estudios académicos sobre la regulación de las apuestas y sus impactos económicos y sociales. Los resultados indican que la Ley n.º 14.790/2023 representa un avance significativo en el ámbito de la regulación administrativa y económica del sector, al establecer criterios de autorización, mecanismos de supervisión e instrumentos de protección al consumidor. Sin embargo, persisten importantes lagunas en el ámbito penal, en particular en lo que respecta a la falta de criminalización específica de los operadores clandestinos de apuestas en línea. Se concluye que, si bien el nuevo marco regulatorio ha fortalecido los mecanismos de control del mercado de apuestas, aún es necesario un mayor desarrollo del derecho penal para garantizar una mayor eficacia en la represión de las apuestas ilegales y la protección de la integridad del deporte, los consumidores y los ingresos del Estado.