LAGUNAS NORMATIVAS EN EL PROTOCOLO PARA EL JUZGAMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA DE BRASIL (CNJ) Y SUS IMPLICACIONES PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL

Resumen

Este estudio presenta, a partir de un análisis directo de los límites administrativos de competencia del Consejo Nacional de Justicia, la existencia de lagunas normativas en el Protocolo para el Juzgamiento con Perspectiva de Género (CNJ, Resolución n.º 492/2023 y Portaría n.º 27/2021) en el Derecho Penal y de Familia. La investigación realiza un análisis de las antinomias entre normas jurídicas frente a la garantía de derechos fundamentales (derecho de contradicción, amplia defensa, presunción de inocencia e imparcialidad). El estudio tiene como objetivo general analizar, desde una perspectiva crítica y garantista, los posibles impactos de la aplicación del Protocolo para el Juzgamiento con Perspectiva de Género del CNJ en la isonomía procesal y en las garantías constitucionales del acusado en el Derecho Penal y de Familia. En este sentido, como objetivos específicos, se busca identificar cómo las agendas orientadas al reconocimiento de la perspectiva de género pueden ser transmitidas a los magistrados de modo que se asegure una actuación jurisdiccional rigurosa en litigios que involucren géneros distintos, así como examinar posibles lagunas operativas, tales como: (i) ausencia de parámetros procesales mínimos para compatibilizar la perspectiva de género con el estándar probatorio del Código de Proceso Penal (CPP); (ii) inobservancia de preceptos básicos del Derecho Penal (presunción de inocencia, etc.); (iii) elevada valoración de la palabra de la víctima sin otros elementos de corroboración; (iv) insuficiencia de informaciones claras en el ámbito del Derecho de Familia y marginalización de la Ley de Alienación Parental. Se sostiene que, en el escenario contemporáneo, persiste una campaña de mitigación de las garantías fundamentales del acusado en demandas tramitadas bajo una perspectiva de género; dichas tensiones se vuelven más visibles cuando los litigios implican violencia física o psicológica, lo que impone la necesidad de establecer parámetros mínimos para resguardar la protección de los derechos fundamentales y el debido proceso.