JUSTICIA RESTAURATIVA Y ENCARCELAMIENTO DE MUJERES POR TRÁFICO DE DROGAS: RETOS Y POSIBILIDADES

Resumen

La creciente tasa de criminalidad vinculada al narcotráfico en Brasil ha intensificado el reclutamiento de mujeres para actividades ilícitas, especialmente como transportadoras de drogas. Esta práctica, que explota la vulnerabilidad femenina en un contexto dominado por los hombres, pone de relieve la necesidad de un análisis más profundo de la desigualdad de género en el sistema penal y la brecha en la investigación que interrelaciona género, delincuencia y justicia. (WICHINHESKI, 2023).

Desde la implementación de la política prohibicionista para combatir las drogas en la década de 1980, se ha producido un crecimiento exponencial de la represión del narcotráfico y, como consecuencia directa, un aumento alarmante de la población carcelaria a escala mundial. En Brasil, el creciente número de mujeres encarceladas, especialmente por delitos relacionados con el narcotráfico, refleja una triste realidad: a menudo son las únicas proveedoras de sustento para sus familias, en un contexto de vulnerabilidad social. Sin acceso a la educación formal (el 45% de las reclusas no completó la primaria [INFOPEN WOMEN], 2018), estas mujeres se encuentran sin oportunidades en el mercado laboral formal y, en algunos casos, vulnerables a actividades ilícitas para sobrevivir.

Si bien las mujeres representan una parte significativa de la población carcelaria, con una alta tasa de participación en el narcotráfico, trabajan en los niveles más bajos de las organizaciones criminales. Generalmente desempeñan roles secundarios, como transportistas o pequeñas comerciantes, y a menudo son consumidoras de drogas. Estas mujeres, que se encuentran en una situación vulnerable debido a antecedentes de violencia, maternidad, problemas financieros y consumo de sustancias, tienen demandas y necesidades específicas, como lo demuestran los datos de INFOPEN (2018).

Cortina (2015) afirma que los datos de su investigación muestran que la mayoría de las mujeres encarceladas por narcotráfico citan la necesidad de mantener a sus hijos y la falta de oportunidades laborales como las principales razones para involucrarse en la delincuencia. Esto confirma la idea de que, para muchas de ellas, el tráfico se considera una forma de garantizar ingresos. Esta situación refleja la feminización de la pobreza, que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante la exclusión social y las lleva a tomar decisiones extremas para sobrevivir.

El sistema penitenciario, diseñado por y para hombres, no considera las necesidades específicas de las mujeres, lo que perpetúa su marginación y refuerza los estereotipos de género. La idea de que las mujeres no deben delinquir y limitarse al rol de cuidadoras está profundamente arraigada en este sistema (COSTA, 2019).

Al analizar en profundidad la situación de las mujeres encarceladas en Brasil, es evidente que enfrentan una serie de desafíos. Las cárceles, diseñadas para hombres, no consideran las particularidades del universo femenino, lo que las hace aún más vulnerables. La falta de recursos básicos y el aislamiento emocional intensifican el sufrimiento de estas mujeres, invisibilizadas por la sociedad y tratadas de forma inhumana. Esta realidad exige una reforma urgente del sistema penitenciario, con un enfoque en la dignidad humana y la Justicia Restaurativa (JR) (WICHINHESKI, 2023).

Según Cortina (2015), el narcotráfico se organiza jerárquicamente, con los hombres al mando. Las mujeres, además de estar sujetas a esta desigualdad dentro del delito, sufren aún más en prisión, ya que las cárceles, diseñadas para hombres, las marginan. La criminología crítica y feminista muestra que el sistema penal, en lugar de combatir la delincuencia, criminaliza a ciertas personas. Las personas pobres y negras, por ejemplo, son más susceptibles de ser arrestadas por narcotráfico, incluso sin pruebas concretas. La falta de criterios objetivos y la interpretación subjetiva de elementos como el lugar de abordaje y la apariencia física contribuyen a esta selectividad penal (GERMANO; MONTEIRO y LIBERATO, 2018). Según Santoro (2018), la realidad actual del sistema penitenciario brasileño, marcada por el desprecio por los derechos humanos, se vuelve aún más cruel e inhumana cuando se trata de las mujeres encarceladas. Las violaciones a las que son sometidas en las cárceles son un retrato aterrador de la invisibilidad y la marginación que azotan a este segmento de la población. Es evidente que el encarcelamiento masivo ha demostrado ser una política eficaz para sus fines, cuya efectividad se ha revertido [1], provocando la muerte social de los presos, dificultades en el proceso de resocialización con sus métodos y estructuras, que privan a los presos de sus garantías y derechos constitucionales, a la vez que generan una falsa sensación de justicia y seguridad en la sociedad.

Sin embargo, esta aparente efectividad se revela contradictoria, ya que los datos más recientes de RELIPEN indican que Brasil sigue teniendo una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo, lo que demuestra que el encarcelamiento masivo no es una solución duradera al problema de la delincuencia.

Según el último Informe de Información Penal (RELIPEN), publicado por la Secretaría Nacional de Políticas Penales, organismo vinculado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y referido al primer semestre de 2024, Brasil tiene una población carcelaria de 663.387 reclusos, compuesta por 634.617 hombres y 28.770 mujeres.

Ante este escenario, la pregunta es: ¿Cómo puede la justicia restaurativa ser una alternativa para abordar las causas subyacentes de la criminalización de las mujeres y promover su reinserción social, considerando las especificidades de género y las raíces socioeconómicas de este problema?

El análisis de este estudio se limita a los delitos de narcotráfico, debido a la incidencia de este tipo de delito en el encarcelamiento de mujeres, que, según una encuesta de Infopen Mulheres, representó el 62% de los delitos por los que las mujeres fueron encarceladas. Esto demuestra la relevancia del narcotráfico como la principal causa de encarcelamiento femenino (INFOPEN MULHERES, 2018).

La propuesta de investigación se desarrolla en tres etapas: (i) un estudio bibliográfico relevante, mediante búsquedas en literatura científica, jurídica y doctrinal, utilizando criterios de inclusión y exclusión de textos y referencias cruzadas; (ii) análisis de datos mediante análisis de contenido por categoría; (iii) presentación de resultados mediante texto.

Considerando esta realidad, el estudio "Pilotando a Justiça Restaurativa" de 2018, realizado por el CNJ, señala una expansión significativa de las prácticas restaurativas en Brasil. Actualmente, la mayoría de las unidades federativas cuentan con programas de justicia restaurativa, ya sea en su fase inicial o ya consolidados. Estas iniciativas abarcan diversas áreas, desde la infancia y la juventud hasta la aplicación de la ley penal, incluyendo tribunales especializados en violencia doméstica y clubes de fans organizados. Además, la justicia restaurativa ha demostrado ser prometedora en espacios como escuelas y guardias municipales, demostrando su potencial para transformar la cultura de resolución de conflictos en el país (CNJ, 2018).

Sin embargo, si bien el estudio del CNJ demuestra avances significativos en la Justicia Restaurativa en Brasil, existe una clara necesidad de nuevas directrices para abordar las particularidades de los grupos vulnerables, como las mujeres involucradas en el narcotráfico. Al identificar esta brecha, la investigación refuerza la urgencia de las políticas públicas, proponiendo una reflexión sobre la posibilidad de implementar programas restaurativos en este contexto.

Según Zehr (2008), la Justicia Restaurativa propone una nueva forma de ver los conflictos, un cambio de paradigma. En lugar de centrarse únicamente en la violación de la ley, como lo hace la justicia tradicional, la Justicia Restaurativa dirige su mirada a las personas directamente involucradas en el conflicto y sus consecuencias. Es como si la Justicia Restaurativa nos invitara a cambiar la perspectiva con la que se analiza el delito, adoptando una perspectiva más humanizada centrada en las relaciones entre las personas.

Según los análisis de Melo et al. (2023), la Justicia Restaurativa surge como un enfoque prometedor para abordar los conflictos relacionados con cuestiones de género, tanto a nivel individual como colectivo. Al fortalecer el poder personal de la víctima y brindar un espacio seguro para el diálogo, esta práctica permite a los involucrados transformar los conflictos, las diferencias y las ofensas en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de vínculos. Además, la Justicia Restaurativa contribuye indirectamente a la prevención de la reincidencia delictiva.

Brasil, con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, resalta la necesidad de planes estatales más humanos y efectivos para abordar los problemas penales. En este contexto, la Justicia Restaurativa se presenta como un enfoque prometedor que busca alternativas al encarcelamiento tradicional, priorizando la reparación del daño y la reinserción social de las personas.

Más que castigar, la Ley de Ejecución Penal - LEP (Ley n.° 7.210/1984) busca la reinserción social de la persona condenada, con miras a la ejecución de las sentencias o resoluciones penales, creando condiciones armoniosas para la integración social de la persona condenada y del recluso. El art. El artículo 1 de la ley mencionada determina que la pena privativa de libertad debe crear las condiciones para que la persona pueda reintegrarse plenamente a la sociedad (BRASIL, 1984).

Una encuesta realizada por el Centro de Regulación de Vacantes, vinculado al CNJ, reveló que, entre 2011 y 2021, hubo, en promedio, aproximadamente un 66 % más de presos que plazas disponibles y que existe una tendencia a que el déficit de plazas aumente, dado el aumento de las órdenes de arresto. Además, incluso considerando la creación de nuevas plazas, esta solución dista mucho de ser ideal, ya que resulta costosa (CNJ, 2022).

Además, según el CNJ, el costo mensual promedio de un preso es de R$ 1.800,00 (mil ochocientos reales). Considerando que en 2021 había 680 mil personas privadas de libertad, el costo anual de mantenimiento del sistema penitenciario ronda los R$ 14.700 millones al año (sin incluir el costo de la creación de nuevos espacios). (CNJ, 2022).

Ante este problema, al ofrecer alternativas al encarcelamiento, la Justicia Restaurativa puede contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria y los costos relacionados con el mantenimiento del sistema penitenciario.

La reintegración social, a pesar de estar en la agenda de seguridad pública, aún no se ha traducido en acciones gubernamentales efectivas, especialmente para la reintegración de las personas privadas de libertad. A esto se suma la disparidad en la atención a las mujeres privadas de libertad, quienes, a pesar de su creciente número, reciben un trato similar al de los hombres, lo que dificulta aún más su reintegración social (SOUZA; COSTA y LOPES, 2019).

Según los Informes de Información Criminal, publicados en diciembre de 2023 por la Secretaría Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en Pernambuco[2], la población carcelaria femenina era de 835 reclusas con condenas, mientras que las reclusas en régimen provisional sumaban 492 reclusas en el estado (BRASIL, 2023).

Dado el alarmante panorama del encarcelamiento femenino en Brasil, con énfasis en la alta tasa de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el narcotráfico, este estudio cobra aún mayor relevancia. Al analizar la eficacia de la Justicia Restaurativa como alternativa para estas mujeres, la investigación contribuye al campo del Derecho Penal y las Ciencias Penales, profundizando el debate sobre la JR y sus aplicaciones prácticas. Al deconstruir los estereotipos sobre las mujeres involucradas en la trata y cuestionar la construcción social del "riesgo social" asociado a ellas, buscamos contribuir a la superación de un modelo penal excluyente y a la construcción de un sistema de justicia penal más equitativo y restaurativo.

[1] La efectividad invertida significa, entonces, que la función latente y real del sistema penal no es combatir (reducir y eliminar) la delincuencia, protegiendo los bienes jurídicos universales y generando seguridad pública y jurídica, sino, en cambio, construirla de forma selectiva y estigmatizadora, y en este proceso reproducir material e ideológicamente las desigualdades y asimetrías sociales (de clase, género y raza)” (ANDRADE, 2014, p. 136).

[2] La elección de esta unidad federativa se justifica por su alta tasa de encarcelamiento femenino y la necesidad de profundizar la comprensión del fenómeno en un contexto específico.