LA NUEVA LEY DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES: RETOS DE IMPLEMENTACIÓN E IMPACTOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DOI:
https://doi.org/10.51891/rease.v11i11.21922Palabras clave:
Licitación. Legislación. Derecho Administrativo. Impacto. Resultados.Resumen
La nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley n.º 14.133/2021) establece normas para la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, y prevé cinco modalidades de licitación: licitación pública, concurso, subasta, subasta y diálogo competitivo. Esta última modalidad permite la negociación con posibles competidores previamente seleccionados con base en criterios objetivos. En cuanto a los criterios de evaluación, el reglamento establece, además del precio más bajo o el mayor descuento, la mejor técnica o contenido artístico, la técnica y el precio, el mayor retorno económico y la mejor oferta. Ante este escenario, este estudio tuvo como objetivo analizar los impactos y desafíos que enfrentan los municipios en la implementación de la Ley N.º 14.133/2021. Se basó en una revisión bibliográfica, basada en artículos científicos, libros, publicaciones periódicas y la legislación vigente sobre el tema respectivo. La recopilación de datos se realizó utilizando bases de datos como CAPES, Scielo, Google Scholar y otras, de 2020 a 2025. Los resultados revelaron que la implementación de la nueva ley trae un conjunto de requisitos que representan un paso adelante en la modernización de la administración pública, pero requiere esfuerzos de adaptación significativos de los gestores municipales. Sin una preparación adecuada, los desafíos anteriores pueden resultar en retrasos, ineficiencias, ilegalidades e incluso sanciones de los órganos de control, como los tribunales de cuentas. La inversión en capacitación, tecnología, regulación y planificación estratégica es esencial para garantizar la correcta aplicación de la nueva ley. También se observó que la ley actual enfatiza principios como la planificación, la gestión basada en competencias y la gobernanza, lo que requiere un cambio en la gestión pública. Los municipios que no se adapten pueden continuar con procesos de contratación mal planificados, generando ineficiencias, sobrefacturación o proyectos inconclusos.
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