LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES: ENTRE LA OMISIÓN DEL ESTADO Y LA ACCIÓN DEL PODER JUDICIAL

Resumen

La promulgación del Estatuto de la Persona Mayor, mediante la Ley n.º 10.741, en 2003, marcó un importante avance en la consolidación de los derechos de las personas mayores en Brasil. Este marco legal fue el resultado de un largo proceso de debate y movilización de diversos sectores de la sociedad civil, que buscaban soluciones más concretas a los desafíos que enfrentaba este segmento de la población. Si bien la Constitución Federal de 1988 ya preveía una serie de derechos destinados a proteger a las personas mayores, fue con el Estatuto que se establecieron mecanismos más específicos y detallados, centrados en la promoción de la dignidad, la mejora de la calidad de vida y la garantía de la inclusión social de las personas mayores.

Entre los derechos garantizados, destaca el derecho a la salud, considerado un deber prioritario del Estado. La legislación estipula que las personas mayores deben recibir atención integral, con acceso gratuito a medicamentos de larga duración, servicios especializados e incluso atención domiciliaria cuando sea necesario. Sin embargo, la implementación práctica de estas garantías sigue comprometida por las limitaciones estructurales y administrativas del sistema público de salud, caracterizado por la escasez de recursos, la deficiente supervisión y la ausencia de políticas públicas efectivas dirigidas a este segmento de la población.

En este contexto, el envejecimiento acelerado de la sociedad brasileña plantea desafíos crecientes a la administración pública, que a menudo se muestra incapaz de garantizar, por medios institucionales, los derechos consagrados en la ley. Esta brecha en la acción estatal ha contribuido al fortalecimiento del papel del Poder Judicial como órgano decisivo en la protección del derecho a la salud de las personas mayores. La judicialización, en estos casos, no solo emerge como un instrumento para el acceso a la justicia, sino que también se consolida como un medio para abordar las omisiones del Estado, garantizando la satisfacción de las demandas urgentes y el respeto a la dignidad humana.

Sin embargo, este rol protagónico del Poder Judicial plantea importantes reflexiones sobre los límites de la separación de poderes, la efectividad de las políticas públicas y los riesgos de la desigualdad en el acceso a los derechos sociales. Si bien se han logrado importantes avances mediante decisiones judiciales, la dependencia del sistema judicial para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales indica un fracaso parcial del rol del Estado en su función original como ejecutor de políticas públicas.

En este contexto, este estudio busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo ha actuado el Poder Judicial para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores ante las omisiones y fallas del Estado en la implementación de las directrices establecidas en el Estatuto de las Personas Mayores? El estudio busca comprender los límites y las posibilidades de la judicialización de la salud como mecanismo para garantizar los derechos fundamentales en el Brasil contemporáneo, con énfasis en un análisis crítico de la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de estas garantías. En este contexto, no es exagerado argumentar o plantear la hipótesis de que la acción del Poder Judicial ha resultado esencial para garantizar el derecho a la salud de las personas mayores en casos de omisión estatal.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo General

Analizar el rol del Poder Judicial como garante del derecho a la salud de las personas mayores ante las fallas u omisiones del Estado en la implementación de las políticas públicas establecidas en el Estatuto de la Persona Mayor.

1.1.2 Objetivos Específicos
Examinar el contexto legal y social que motivó la creación del Estatuto de la Persona Mayor, con énfasis en la consolidación del derecho a la salud como derecho fundamental.
Identificar las obligaciones del Estado en el ámbito de las políticas públicas de salud dirigidas a la población mayor y los principales obstáculos para su implementación efectiva.
Investigar cómo las acciones del Poder Judicial han subsanado las omisiones del Estado en la realización del derecho a la salud de las personas mayores, especialmente en las decisiones que involucran la provisión de medicamentos, hospitalizaciones y tratamientos especializados.
Analizar los límites y las posibilidades de la judicialización de la salud como mecanismo para la realización de los derechos fundamentales en el contexto del envejecimiento poblacional.