EDUCACIÓN, DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL: REFLEXIONES SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS LEYES 10.639/2003 Y 11.645/2008 EN LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Resumen

Las desigualdades raciales e históricas en Brasil han sido perpetuadas por un sistema educativo que ha ignorado durante siglos las contribuciones de las poblaciones afro descendientes e indígenas. A través de un sistema político excluyente, segregador y racista, estas poblaciones han visto silenciadas sus contribuciones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas a lo largo de la historia brasileña. Para enfrentar este borrado histórico y promover la valorización de la diversidad cultural, las Leyes 10.639/2003 y 11.645/2008 se convirtieron en un verdadero "marco temporal", estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y cultura afrobrasileña, africana e indígena en los planes de estudio escolares. Este estudio tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva del derecho y los derechos humanos, los avances y desafíos en la implementación de estas legislaciones. La metodología utilizada se basó en investigación bibliográfica y análisis documental de normativas nacionales e internacionales, incluyendo la Constitución Federal de 1988, el Convenio Nº 169 de la OIT y las Directrices Curriculares Nacionales para la Educación de las Relaciones Étnico-Raciales. Los resultados indican que, a pesar de los avances jurídicos y normativos, la implementación real de estas leyes enfrenta obstáculos como la resistencia institucional, la falta de formación docente y la ausencia de monitoreo efectivo. Además, esta investigación discute la ilegalidad del marco temporal, que amenaza los derechos territoriales indígenas y contradice normativas constitucionales e internacionales. Se concluye que, para la efectividad de estas políticas, es esencial una articulación entre el derecho y la educación, promoviendo acciones que garanticen la inclusión curricular de estas temáticas y la justicia social. Se recomienda ampliar las investigaciones sobre la aplicabilidad de las leyes y fortalecer las políticas públicas que aseguren su implementación plena y eficaz.